Todos los partidos, desde el Grupo Mixto que integra la exdirigente de EU Carmen Iglesias, pasando por AGE, BNG, PSdeG y hasta el PP, sumaron ayer sus votos (72, todos los presentes a la hora de la votación en la Cámara) para apoyar un cambio legal que suavice las condiciones para que los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley. La propuesta partió del BNG y a ella se sumó el resto de siglas. Todos los portavoces que subieron al atril defendieron abrir nuevos cauces a la participación ciudadana en un momento en que crece la desafección política y la imagen de los grandes partidos está por los suelos.

Una tras otra, todas las formaciones de la oposición fueron adhiriéndose —aunque con matices— a las tesis esgrimidas por el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera. Una circunstancia habitual en las sesiones plenarias, donde acostumbra a sumar sus votos todo lo que no es PP para escenificar su rechazo a las políticas del Gobierno.

La novedad llegó con el turno de los populares para posicionarse. Intervenía la portavoz del partido, Paula Prado, una de las dirigentes de la línea dura y látigo habitual de la oposición. Fue tras una primera escaramuza con la socialista Beatriz Sestayo, a la que Prado y otros dirigentes del PP acusaron de haber intentado atropellar a un vigilante de seguridad del Parlamento en un caso que ha sido archivado por el Tribunal Superior de Xustiza. La diputada popular que el PP recorte en democracia, un reproche que le ha llegado desde diferentes por su propuesta de reducir 14 de los 75 escaños del Parlamento y dificultar así el acceso de pequeños partidos al hemiciclo. “El PP está a favor de la participación de la ciudadanía, con independencia de que no tengamos la misma afinidad política, no seremos sectarios ni lo somos y cuando una cuestión mejora las normas, estamos a favor de debatirlas. Esta es la prueba más evidente de que el PP quiere aún más participación de la ciudadanía. Hoy el ciudadano es el centro de la vida política”, clamó la dirigente popular.

En el turno de réplica, el BNG agradeció el apoyo de la bancada de la izquierda y también la apuesta del PP, pero Jorquera desconfió de que sea una maniobra para “quedar bien y después intentar desnaturalizar el proyecto” en el trámite parlamentario. El texto presentado por el Bloque introduce modificaciones relevantes sobre el que ahora regula las iniciativas legislativas populares. De entrada, rebaja de 15.000 a 10.000 el listón de las firmas necesarias y faculta a los mayores de 16 años para participar (ahora se exige la mayoría de edad) además de permitir que se recaben a través de Internet (con una serie de garantías).

Los nacionalistas también defienden un plazo máximo para que el debate sobre la toma en consideración del Parlamento de los proyectos de ley que surjan de la iniciativa popular no se demore más de un mes desde que se validan las firmas. Y establece compensaciones económicas a las plataformas que impulsan las iniciativas legislativas, independientemente del éxito que tengan en el hemiciclo sus propuestas. Esas son las líneas maestras del documento base que ahora entra en el trámite parlamentario y que podrá ser enmendado por las distintas fuerzas políticas.

Desde el PP, Paula Prado advirtió que Galicia es una de las comunidades autonómas donde el requisito del número de firmas es más bajo y recordó que en otras autonomías el porcentaje de población que se exige resulta más elevado. La socialista Beatriz Sestayo expresó dudas técnicas sobre la posibilidad de permitir la participación de menores de edad en estos procesos, pero mostró su conformidad con el espíritu del proyecto. Igual que Xosé Manuel Beiras, líder de la coalición AGE, que también ha registrado una propuesta similar en la Cámara.